Pecado de Omisión.

El pasado 26 de agosto, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley del Presupuesto Público para el ejercicio 2023, con una omisión imperdonable, la promoción de los derechos, la protección y la inclusión social, de más de tres millones de peruanas y peruanos que viven con por lo menos una condición de discapacidad. El movimiento peruano de las personas con discapacidad en esta coyuntura de pandemia, ha recibido agua fría y una bofetada de indiferencia. Los esfuerzos para conquistar reformas normativas, y asegurar intervenciones del Estado en los tres niveles de gobierno que las organizaciones de personas con discapacidad han realizado a fin de generar condiciones reales de desarrollo ha sido intenso diversificado y continuo. La meta, reducir las brechas en el acceso a salud, educación, trabajo y eliminar progresivamente otras restricciones que experimentan las personas con discapacidad en el ejercicio ciudadano. Estos esfuerzos progresivamente dieron como resultado que las peruanas y peruanos con discapacidad quienes según los censos están sobre representados en los segmentos poblacionales de pobreza y pobreza extrema, tengan opciones dignas lo más alejadas posibles de la mendicidad, (estirar la mano), práctica a la que un contexto de dramática desigualdad las y los condenó por siglos.

El Dato.

La primera vez, ocurrió el año 2009, con la promulgación de la Ley Nº 29289 Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2010, que en la 19ª Disposición final / complementaria, estableció que los Gobiernos regionales y locales dispondrán del 0.5% de su presupuesto para realización de obras destinadas a atender en especial a quienes presenten situaciones de discapacidad. Así a lo largo de casi catorce años, las subsiguientes Leyes del Presupuesto Público incluyeron por lo menos una disposición final / complementaria que, progresivamente, disponía, autorizaba, u obligaba a destinar el 0.5 por ciento de su presupuesto a Gobiernos Regionales y Locales. La primera vez que la Ley estableció la obligatoriedad de gobiernos regionales y locales de destinar el 0.5 por ciento del presupuesto para atender a la población con discapacidad, ocurrió en 2018 y 2019, finalmente también en 2022.

La Vigésima Novena

La Ley Nº 31365 Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022, a propósito de sendas denuncias tanto de organizaciones de personas con discapacidad como de grupos de sus familias, respecto de un impacto mayor del colapso de servicios diversos a propósito de la pandemia de la Covid-19. Que ponía a este segmento poblacional en una situación de emergencia, incluyó en su vigésima novena disposición final / complementaria, la obligatoriedad de los gobiernos regionales y locales de destinar 01 por ciento del presupuesto. Por identificar a las y los peruanos con discapacidad como el grupo poblacional que requería la mayor protección. La modificación del porcentaje, entonces se realizó en reconocimiento a una necesidad evidente.

Los que sí cumplen.

Afortunadamente, ni todas ni todos están mirando para un costado mientras se borra del mapa de protección a las peruanas y peruanos con discapacidad. Marlene Portero López, Congresista de la República por la región Lambayeque, miembro de la Bancada Inclusiva, quien el pasado 6 de septiembre en la Sesión ordinaria y extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha presentado un Proyecto de Ley que no sólo restituye la obligación de los gobiernos regionales y municipales de destinar el 01 por ciento del presupuesto para la atención de personas con discapacidad, sino que además ha formulado a partir de una investigación, una propuesta de regulación de este gasto de modo que las y los operadores de los gobiernos regionales y locales lo hagan efectivo con propiedad y transparencia.